Un viejo adagio asegura que no deben contarse los granos hasta tanto estén dentro del silo. Es muy adecuado para este momento que vive la Argentina, en que comunicadores y analistas alejados del día a día del agro recurren a algunas proyecciones iniciales teóricas para imaginar que ya se pueden empezar a gastar los “muchos dólares que va a dejar la nueva cosecha”. La realidad podría ser diametralmente opuesta.
Y para muestra basta un botón. El último informe de Fundación Mediterránea indica que manteniéndose todo lo demás constante (costos e impuestos que se pagan en cada zona), los márgenes netos del productor (después de impuestos) dan una caída del 30% en zona núcleo y del 77% en zona extrapampeana para los últimos cuatro meses del año respecto de los números que se manejaban hasta agosto pasado. En el primer caso se llega a una merma de USD 111/ha, que deja los márgenes de fin de año prácticamente al mismo nivel que los registros de la zona durante la sequía de 2023. En la zona extrapampeana se redondea un recorte de de USD 79/ha, y la cuenta queda al borde de la zona roja.
Por cierto, la carga tributaria total (renta que el hombre de campo genera pero no puede aprovechar a causa de las obligaciones impositivas que debe afrontar y/o las distorsiones que estas generan sobre la actividad) se ubica en el 62% en zona núcleo y en el 77% en zona extrapampeana.
Cuanto menor es el excedente del productor antes de impuestos, mayor es la carga tributaria que debe. Son las malditas retenciones. En efecto, el análisis por gravamen arroja que la mayor parte de la carga tributaria la explican los derechos de exportación (incluyendo las transferencias indirectas a consumidores locales inducidas por los DEX), seguidos del impuesto a las ganancias y en menor medida por el pago de otros tributos.
La carga de los DEX para el productor es la misma cuando exporta y cuando vende localmente, pues el impuesto disminuye el precio interno de los granos (respecto del internacional) en una magnitud proporcional a la alícuota con que grava la exportación. La diferencia es que cuando se exporta el productor transfiere recursos al fisco (vía mayor recaudación), y cuando se vende al mercado interno las transferencias van para los consumidores locales de los granos (vía menores precios de materias primas).
¿Qué puede esperarse en 2025? El trabajo de la Fundación Mediterránea asume que la variable de ajuste para el maíz será el área de siembra. Por lo demás, en la zona núcleo los márgenes 2025 se estarían ubicando 65-70% por debajo de los números pre-sequía, cuando había mejores precios para los granos.
Por todas estas razones, además de las cuestiones ligadas al clima, deben tomarse con cautela las primeras estimaciones de cada campaña. La propia Bolsa de Comercio de Rosario aclara que los números difundidos se insertan dentro de un ejercicio. “Lo metodológicamente correcto es, a esta altura del año, hacer proyecciones asumiendo condiciones atmosféricas normales, ya que es demasiado temprano para descontar el efecto de una potencial sequía. Sin embargo, incluso siendo conservadores, de continuar el déficit de humedad en el suelo podría haber ajustes”, advirtieron los técnicos de la entidad.
Y la humedad es precisamente lo que escasea en buena parte de la mitad oeste de la Región Pampeana. La Bolsa de Cereales de Córdoba acusa una importante falta de precipitaciones en las principales zonas productoras, lo cual limita el avance de siembra de los cultivos estivales, pudiendo impactar de manera negativa en las proyecciones optimistas de producción. Un reconocido integrante de la entidad cordobesa advierte que por ahora no hay lluvias suficientes en la provincia. “Los lotes sembrados tempranos ya están sufriendo. Sin granos, no hay precio que valga”, asegura.
Entre una cuestión y otra el campo no vive un escenario definidamente positivo. Un productor del sudeste cordobés avisa que los trigos al sur de Ordoñez están a nada de espigar. Con un rinde de indiferencia de 3600 kg/ha, “la combinación de sequia, precios bajos, alquileres altos e insumos por el cielo nos está poniendo en un serio compromiso”, afirma.
Algunos pierden la paciencia. “No existe ningún incentivo, ni climático ni de rentabilidad, para incrementar la producción –se queja un agroempresario ligado a una de las dos grandes entidades técnicas del agro-. En zona núcleo ya tuvimos que parar la siembra de maíz por falta de humedad adecuada. No hay pronóstico de lluvias importantes por los próximos 10 días. La intención de siembra de maíz tardío es muy baja”. Un testimonio que se multiplica por miles, y todavía hay que pasar el periodo más complicado de La Niña que está en curso, una alternativa que ya se refleja negativamente en los pronósticos para la última parte del año.
Dada la realidad circundante, nada peor que tomar las primeras estimaciones teóricas como verdad revelada y empezar a gastar a cuenta. Esto es especialmente cierto en el caso del Ejecutivo, que deberá tener cuidado con los cantos de sirena, en especial cuando está tratando de llevar adelante un escenario que de por sí es muy apretado en términos de disponibilidad de recursos.
Estos números, mal utilizados, no solo pueden confundir a las autoridades nacionales sino que además crean una sensación de amplitud económica en el agro que está lejos de ser cierta. En el Excel las cuentas indican que estaríamos ante una cosecha valuada en USD 33.000-35.500 millones, que podría aportarle a la economía nacional muchos ingresos adicionales respecto de la temporada previa. Hoy por hoy no existe ninguna seguridad de obtener este plus a la luz de las limitaciones climáticas y económicas.
También pierden de vista la realidad los que afirman que “se observa una interesante recuperación en el sector agro”. Precisamente uno de los condicionantes de esos números tiene que ver con la baja rentabilidad del campo por estos días, debido a que se han caído los precios internacionales y al productor igualmente se le descuentan retenciones, hay brecha cambiaria y el dólar no empuja demasiado.
El Estado, el socio que nadie eligió, se queda en promedio a nivel país con el 61% de una renta que de por sí es acotada. Y lo hace sin importarle si los ingresos del contribuyente rural son buenos o directamente negativos; siempre reclama lo que considera es su parte de la torta, y se lo lleva de prepo. Al margen de todo lo indicado, resulta exigible que quien ejerza el gobierno acepte que no es digno tomar como natural el hecho de quedarse con recursos ajenos.
La campaña de gruesa está lanzada, sin estímulos de ninguna clase. La referencia es a la ausencia de una hoja de ruta que convenza al agroempresario de que la abusiva presión tributaria está en camino de ser erradicada, aunque más no sea de manera progresiva. |